En junio de 2026, un equipo de evaluadores que actúa en nombre del Grupo de Acción Financiera Internacional llegará a los EAU para la evaluación mutua de quinta ronda del país — la revisión de mayor calado del sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la federación en una década. Los EAU fueron incluidos en la «lista gris» de la FATF de jurisdicciones bajo seguimiento reforzado en marzo de 2022, completaron un exigente programa de subsanación y fueron retirados de ella en febrero de 2024. La evaluación de 2026 no vuelve a comprobar si el país puede salir de una lista. Es la valoración de algo más difícil: si el sistema que los EAU construyeron para salir de la lista funciona de verdad en la práctica.
Para cualquier empresa situada dentro del perímetro regulado — y eso incluye a todos los proveedores de servicios fiduciarios y societarios, agencias inmobiliarias, despachos de abogados y firmas de auditoría del país — la evaluación no es un acontecimiento al que se asista como espectador. Los evaluadores ponen a prueba el sistema poniendo a prueba a quienes lo integran. Entender qué buscarán es la diferencia entre una revisión de expedientes rutinaria y una incómoda.
Qué mide realmente una evaluación mutua
Una evaluación mutua de la FATF tiene dos mitades, y no pesan lo mismo. La primera es el cumplimiento técnico: ¿figuran las leyes, los reglamentos y las facultades institucionales en el ordenamiento, y se ajustan a las Recomendaciones de la FATF? Los EAU han resuelto en gran medida esta mitad — la arquitectura legislativa está implantada. La segunda mitad es la eficacia, evaluada con arreglo a once Resultados Inmediatos, y es ahí donde se ganan o se pierden las evaluaciones de quinta ronda. La eficacia pregunta si las leyes producen resultados: ¿se comunican, se investigan y se enjuician realmente las operaciones sospechosas? ¿Se conoce de verdad la identidad de los titulares reales? ¿Supervisan de verdad los supervisores? Un país puede obtener buenas calificaciones en cumplimiento técnico y, aun así, suspender en eficacia, y es la eficacia la que determina si una jurisdicción vuelve a quedar bajo seguimiento.
El telón de fondo legislativo
La pieza central del marco de los EAU posterior a la lista gris es el Decreto-Ley Federal n.º 10 de 2025, que consolidó y modernizó la legislación del país en materia de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo, reforzó las facultades de supervisión y recalibró el régimen sancionador. A su alrededor se sitúa un aparato más amplio: el funcionamiento de la plataforma de comunicación goAML, la labor de la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y los mandatos de supervisión repartidos entre los ministerios federales y las autoridades de las zonas francas financieras. Los evaluadores leerán la ley — pero dedicarán mucho más tiempo a comprobar si las instituciones que en ella se mencionan se comportan como la ley presupone.
Las DNFBP — donde la evaluación apretará con más fuerza
En la inclusión en la lista gris de 2022, las debilidades que la FATF detectó se concentraban en gran medida en el sector no financiero. Las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas — la categoría que comprende a los proveedores de servicios societarios, los agentes inmobiliarios, los comerciantes de metales y piedras preciosas, los auditores, los contables y los abogados — fueron valoradas como la parte del sistema supervisada de forma menos coherente y con un cumplimiento menos fiable. Por eso precisamente este sector debe esperar el escrutinio más estrecho en junio. La siguiente tabla recoge las principales categorías de DNFBP, la autoridad que supervisa cada una y la obligación que los evaluadores examinarán con mayor probabilidad.
| Categoría de DNFBP | Supervisor principal en materia de PBC | Obligación que con más probabilidad será examinada |
|---|---|---|
| Proveedores de servicios fiduciarios y societarios | Ministerio de Economía (Registradores del DIFC / ADGM en las zonas francas financieras) | Verificación de la titularidad real, origen de los fondos y del patrimonio, seguimiento continuo |
| Agentes y corredores inmobiliarios | Ministerio de Economía | Debida diligencia del cliente en operaciones de pleno dominio; comunicación de pagos en efectivo y en criptoactivos |
| Comerciantes de metales y piedras preciosas | Ministerio de Economía | Debida diligencia y comunicación de operaciones en efectivo iguales o superiores al umbral reglamentario |
| Auditores y contables | Ministerio de Economía | Debida diligencia del cliente y presentación de comunicaciones de operaciones sospechosas |
| Abogados y profesionales del derecho | Ministerio de Justicia / autoridad competente | Debida diligencia al manejar fondos de clientes, en transmisiones inmobiliarias y en la constitución de sociedades |
| Registros mercantiles de las zonas francas | DIFC, ADGM y otras autoridades de zonas francas | Cribado de las entidades registradas y verificación de los titulares reales últimos |
El patrón que recorre esa tabla es coherente: a los evaluadores les interesa menos si una firma cuenta con un documento de políticas que si esa política se aplica a clientes reales, en expedientes reales, con pruebas de que alguien revisó el resultado. Una DNFBP capaz de mostrar una pista de auditoría impecable — debida diligencia realizada, riesgo clasificado, seguimiento documentado, comunicaciones presentadas cuando procedía — está demostrando eficacia. Una firma con un manual inmaculado y expedientes vacíos está demostrando lo contrario.
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Para un proveedor de servicios fiduciarios y societarios, la preparación para la evaluación mutua se reduce a una sola prueba: ¿podría la firma, con un día de aviso, sacar cualquier expediente de cliente y mostrar un registro de cumplimiento completo y elaborado en su momento? Ese registro tiene una forma reconocible. La firma está inscrita en goAML y la inscripción está vigente. Todos los clientes han pasado por la debida diligencia, con la identidad y la titularidad real verificadas contra documentos fuente, no contra meras afirmaciones. Las relaciones de mayor riesgo — personas políticamente expuestas, estructuras complejas, jurisdicciones de mayor riesgo — se han elevado a la debida diligencia reforzada, con el origen de los fondos y del patrimonio establecido y registrado. El seguimiento continuo se está realizando y queda acreditado, no simplemente prometido. Allí donde surgió la sospecha, se presentó una comunicación de operación sospechosa, y la decisión de no presentarla en otros casos también quedó documentada. El personal ha recibido formación, y esa formación está registrada. Y la firma ha sometido su propio programa de PBC a una revisión independiente.
Preparación práctica antes de junio
El trabajo que mejora el resultado de una evaluación se hace en las semanas previas a la llegada de los evaluadores, no durante su visita. Tres ejercicios merecen el esfuerzo. El primero es una revisión por muestreo de expedientes: tomar un abanico representativo de expedientes de clientes — antiguos y recientes, de bajo riesgo y de alto riesgo — y leerlos como lo haría un evaluador, preguntándose no «¿hay un formulario?», sino «¿hay pruebas de que una persona ejerció un juicio?». El segundo es un registro de carencias: toda debilidad que el muestreo revele se anota, se le asigna un responsable y una fecha, y se subsana. El tercero es una entrevista simulada — los evaluadores entrevistan a los responsables de cumplimiento y a la alta dirección, y la capacidad de describir el enfoque de riesgo de la firma con claridad y coherencia forma parte, en sí misma, de lo que se mide. Una firma que haya ensayado estos tres ejercicios encontrará la evaluación real notablemente menos estresante que otra que no lo haya hecho.
Por qué el resultado importa más allá del cumplimiento
Sería un error tratar la evaluación mutua como un acontecimiento puramente regulatorio sin peso comercial. Una sólida calificación de eficacia sustenta las relaciones de banca corresponsal que permiten a los bancos de los EAU compensar los pagos internacionales con eficiencia; influye en el coste y la disponibilidad de la financiación transfronteriza; y condiciona cómo las contrapartes, los inversores y otras jurisdicciones valoran a los EAU como lugar para hacer negocios. La salida del país de la lista gris en 2024 aportó beneficios medibles precisamente en estos ámbitos. La evaluación de 2026 es la prueba de si esos beneficios son duraderos. Para una firma concreta, la contribución es pequeña pero real: cada expediente limpio es un dato en el resultado nacional, y la disciplina que produce expedientes limpios es, en cualquier caso, la disciplina que protege a la propia firma.
- Los evaluadores de la FATF llevan a cabo la evaluación mutua de quinta ronda de los EAU en junio de 2026 — una prueba de eficacia, no solo de las leyes sobre el papel.
- El cumplimiento técnico está en gran medida resuelto; la evaluación gira en torno a los once Resultados Inmediatos que miden si el sistema produce resultados.
- Las DNFBP — proveedores de servicios societarios, corredores inmobiliarios, abogados, contables, comerciantes de metales preciosos — deben esperar el escrutinio más estrecho.
- El Decreto-Ley Federal n.º 10 de 2025 es la columna vertebral legislativa, pero los evaluadores pondrán a prueba a las instituciones y los expedientes, no los textos legales.
- Los proveedores de servicios fiduciarios y societarios deberían realizar revisiones por muestreo de expedientes, un registro de carencias y entrevistas simuladas antes de junio; el resultado afecta al acceso a la banca y a la financiación transfronteriza, no solo a las calificaciones de cumplimiento.
La perspectiva de Polaris
Como proveedor autorizado de servicios fiduciarios y societarios, Polaris trata la eficacia en materia de PBC como una disciplina operativa esencial, y no como un proyecto puntual — y la evaluación mutua es un recordatorio de por qué eso importa. Polaris asesora a sus clientes en el diseño de programas de PBC, la verificación de la titularidad real y el cumplimiento en materia de gobierno corporativo, y puede llevar a cabo una revisión independiente del grado de preparación de los expedientes y procedimientos de una firma de cara a junio. Si su empresa se sitúa dentro del perímetro de las DNFBP, el momento de localizar las carencias es ahora.
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