Los tribunales de los EAU hacen valer las cláusulas arbitrales, pero las excepciones tardías, la redacción facultativa y la ejecución de cheques pueden dejar a una empresa sin la suya

La regla de la que parte todo tribunal: invocar la cláusula primero

Una cláusula arbitral no se aplica por sí sola. Conforme al artículo 8(1) de la Ley Federal de Arbitraje (Ley Federal n.º 6 de 2018), el tribunal ante el que se plantee una controversia comprendida en un convenio arbitral debe declarar inadmisible la demanda si el demandado lo solicita antes de formular cualquier petición o defensa sobre el fondo, salvo que el convenio sea nulo o inaplicable.

El Tribunal Supremo Federal aplicó la regla con rigor en agosto de 2020. En una demanda en Fujairah por una aeronave que nunca se entregó, la defensa impugnó primero los documentos del demandante por ser fotocopias y pidió la desestimación, en la fase de gestión del caso y de nuevo ante el tribunal de instancia, y solo invocó la cláusula más tarde. El Tribunal anuló la apreciación de los tribunales inferiores de que la demanda era inadmisible: la excepción es procesal, y el demandado que entra primero en el fondo renuncia a ella para esa controversia.

El Tribunal de Casación de Dubái aplica la misma regla. En marzo de 2025 rechazó una excepción planteada en diciembre de 2024 por una parte que había alegado sobre el fondo en un escrito de septiembre de ese año.

Conductas que equivalen a renunciar a la cláusula

Una cláusula también puede perderse por la conducta. El Tribunal de Casación de Dubái admite que se puede renunciar al derecho a arbitrar de forma expresa o tácita, pero la renuncia tácita exige una conducta que muestre claramente que la parte quiso abandonar la cláusula. Si la conducta supera esa prueba lo decide el tribunal de instancia, y el Tribunal de Casación no toca una apreciación motivada.

Ejecutar un cheque puede ser una de esas conductas. En marzo de 2025, el Tribunal confirmó la apreciación de que una naviera había renunciado tácitamente a las cláusulas de resolución de controversias de sus contratos de fletamento, que remitían al Tribunal Superior de Inglaterra (High Court), a arbitraje en Singapur para las reclamaciones menores o a Nueva York, al ejecutar un cheque de 8 millones de AED a través de los tribunales de Dubái. Esa apreciación concurría con otros fundamentos, como la excepción tardía ya mencionada y el hecho de que el librador fuera ajeno a los contratos de fletamento, pero muestra que un tribunal de instancia puede considerar la ejecución de un cheque en Dubái como una elección de foro, no un mero trámite de cobro.

También puede serlo un litigio anterior. En octubre de 2024, el mismo tribunal resolvió que un promotor que se había defendido en la primera demanda judicial de un comprador sobre un contrato de compraventa sobre plano, sin invocar la cláusula arbitral del contrato, no podía ampararse en ella cuando el comprador volvió a demandar sobre el mismo contrato, aunque la segunda demanda solicitara pretensiones distintas.

Cláusulas que nunca cerraron la puerta de los tribunales

Algunas cláusulas nunca obligaron a nadie a arbitrar. El Tribunal de Casación de Dubái resolvió en abril de 2025 que el convenio arbitral no se presume: su redacción debe hacer del arbitraje la única vía. Un contrato de obra que sometía ciertas controversias al consultor como árbitro, pero permitía a cualquiera de las partes acudir a los tribunales si rechazaba su decisión, no impedía al contratista demandar.

Una cláusula, además, solo vincula a sus partes. En el caso del cheque, el librador era ajeno a los contratos de fletamento, y el Tribunal recordó que, cuando algunos demandados quedan fuera de la cláusula y son auténticas partes contrarias, la controversia no se divide: los tribunales, que tienen jurisdicción general, conocen de toda ella. Dentro de un grupo, el cheque de una filial que no firmó el contrato no arrastra consigo la cláusula del contrato.

Algunas controversias no pueden someterse a arbitraje en absoluto. El artículo 4(2) de la Ley de Arbitraje prohíbe el arbitraje en materias que no admiten transacción, y el artículo 53(2) obliga al tribunal a anular de oficio un laudo de ese tipo. En septiembre de 2024, el Tribunal de Casación de Dubái resolvió que la pretensión de que la participación del 51 % de un ciudadano de los EAU era una mera «cobertura» nominal conforme a la antigua regla de propiedad nacional obligaba al tribunal a aplicar una norma de orden público, por lo que la cláusula arbitral de las escrituras de constitución no podía sustraerla a los tribunales. La sentencia se refería a participaciones creadas con la antigua regla; no decide si pueden someterse a arbitraje las controversias sobre acuerdos con titulares nominales celebrados después de suprimirse la regla.

Quién firmó, y con qué facultades

El artículo 4(1) de la Ley de Arbitraje solo permite a una sociedad pactar el arbitraje a través de un representante facultado para ello; de lo contrario, el convenio es nulo. Las sociedades que pierden un laudo recurren a veces a esto como salida, alegando que el directivo que firmó carecía de esa facultad.

El Tribunal de Casación de Abu Dabi rechazó ese argumento, a la vista de los hechos, en septiembre de 2024. Un consejero delegado había firmado un contrato de proyecto que contenía una cláusula arbitral; tras perder el arbitraje, la sociedad alegó que su consejo nunca lo había autorizado. El Tribunal admitió que el mandatario necesita un poder especial para pactar el arbitraje, pero resolvió que una sociedad puede ratificar un acto no autorizado, de palabra o por su conducta, y que la ratificación equivale a una autorización previa. El contrato llevaba el sello de la sociedad, que esta no impugnó, la sociedad no probó la falta de facultades y había participado en el arbitraje durante meses sin objetar nada, por lo que había renunciado a la cuestión y ratificado la cláusula.

El artículo 25 de la Ley de Arbitraje lo refuerza: se considera que ha renunciado a la objeción la parte que continúa con el arbitraje sabiendo que se ha infringido el convenio arbitral, sin objetar dentro del plazo pactado o, a falta de este, dentro de los siete días siguientes a tener conocimiento de ello (siete días hábiles, según el texto árabe que citó el tribunal de Abu Dabi). El caso de Abu Dabi se resolvió con la anterior Ley de Transacciones Civiles, pero la Ley de 2025, en vigor desde el 1 de junio de 2026, mantiene las dos mitades de la regla: el artículo 870(1) exige poder especial para los actos que exceden de la administración y la conservación y menciona expresamente el arbitraje, y el artículo 873 equipara la ratificación posterior a la autorización previa.

Después del laudo: la sede, los 30 días y la ejecución

El Tribunal de Casación de Dubái resolvió en abril de 2025 que el tribunal que puede anular un laudo lo determina únicamente la sede jurídica, que las partes eligen expresamente o mediante un reglamento institucional que designe una sede supletoria; ni la institución que administró el caso ni el lugar donde se celebren las audiencias la deciden. Un laudo dictado conforme al reglamento DIFC-LCIA, con Dubái como sede y la Ley Federal de Arbitraje como ley procesal, correspondía al Tribunal de Apelación de Dubái, no a los Tribunales del DIFC.

La acción de anulación debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación del laudo a la parte que solicita la anulación (artículo 54(2)). En mayo de 2025, el mismo tribunal resolvió que el plazo solo empieza a correr cuando el propio tribunal arbitral entrega una copia firmada del laudo, como le exige el artículo 44 en un plazo de 15 días. Tener conocimiento del laudo por otra vía, o recibir su notificación en un procedimiento de ejecución, no pone en marcha el reloj.

Dejar pasar ese plazo no es el final. En marzo de 2025, el Tribunal resolvió que la parte que nunca ejercitó la acción de anulación aún puede oponerse a la orden de ejecución del laudo, mediante una reclamación ante el Tribunal de Apelación dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esa orden (artículo 57), por cualquiera de los motivos de anulación del artículo 53(1). Si la reclamación prospera, se deniega la ejecución, pero el laudo, y su efecto de cosa juzgada, subsisten. La presentación de la acción de anulación no suspende la ejecución salvo que el tribunal acuerde la suspensión por motivos serios (artículo 56(1)).

Los laudos extranjeros y los deportivos siguen sus propias vías

Conforme al artículo 2 de la Ley Federal de Arbitraje, el arbitraje comercial internacional con sede en el extranjero queda fuera de la Ley salvo que las partes hayan elegido aplicarla, aunque el artículo 2(3) extiende también la Ley a los arbitrajes sobre relaciones regidas por el derecho de los EAU. En diciembre de 2021, el Tribunal de Casación de Ras al Jaima resolvió, de oficio, que una sociedad de RAKEZ que perdió un arbitraje con sede en China, en virtud de contratos regidos por el derecho chino, no podía pedir a los tribunales de Ras al Jaima que anularan el laudo. La anulación, dijo el Tribunal, corresponde a los tribunales de la sede; los tribunales de los EAU solo pueden reconocer y ejecutar un laudo extranjero, o denegar su ejecución por los motivos tasados de la Convención de Nueva York.

El Tribunal de Casación de Abu Dabi confirmó en junio de 2022 la ejecución contra un garante de un laudo de la CCI (ICC) dictado en Nueva York. El tribunal de ejecución no revisa el fondo, el orden público designa los intereses fundamentales del Estado y no las normas que protegen derechos privados, y la negativa de los tribunales estadounidenses a anular el laudo demostraba que este era definitivo en el lugar donde se dictó. Esa sentencia, como una resolución del Tribunal Supremo Federal de marzo de 2020 sobre un laudo marítimo dictado en Londres, aplicó la normativa procesal entonces vigente. La vía la fijan ahora los artículos 222 y 223 del Código de Procedimiento Civil de 2022: una solicitud al juez de ejecución, que resuelve en un plazo de cinco días hábiles, y una apelación directa contra la orden. El laudo debe versar sobre una materia que pueda someterse a arbitraje conforme al derecho de los EAU y ser ejecutable en el lugar donde se dictó.

Los laudos deportivos van aparte en Dubái. En noviembre de 2025, la Asamblea General del Tribunal de Casación de Dubái resolvió que los tribunales de Dubái no pueden conocer de una acción autónoma de anulación contra un laudo del Centro de Arbitraje Deportivo de los EAU, que es definitivo y ejecutable conforme a la ley y el reglamento del Centro. El control llega cuando se solicita la ejecución: a instancia de parte, el juez de ejecución examina si el laudo respeta las normas generales del arbitraje cuya infracción lo haría nulo, en una controversia sustantiva de ejecución que puede llegar hasta el Tribunal de Casación.

Lo que revisamos en los contratos y la documentación de una empresa

En las cláusulas de resolución de controversias, comprobamos si el arbitraje es la única vía; si se designa una sede jurídica, y no solo una institución o un reglamento; y si las sociedades que realmente van a intervenir, incluidas las filiales cuyos cheques respaldan la operación, son partes de la cláusula.

En materia de facultades, comprobamos que quien firma un contrato con cláusula arbitral cuenta con un acuerdo del consejo o un poder que cubra expresamente la facultad de pactar el arbitraje, conservado en la documentación de la sociedad, donde pueda presentarse años después. Pedimos lo mismo al firmante de la contraparte.

Cuando se notifica una demanda, los abogados de la sociedad plantean la excepción de arbitraje en el primer escrito, incluida la fase de gestión del caso. Antes de ejecutar un cheque o de demandar sobre un contrato con cláusula arbitral, los propietarios sopesan si un tribunal puede considerarlo una renuncia a la cláusula para esa controversia y, posiblemente, para otras posteriores sobre el mismo contrato.

Cuando llega un laudo, se registra la fecha de su entrega por el tribunal arbitral y se anota en la agenda el plazo de anulación de 30 días; toda orden de ejecución abre sus propios 30 días. Los domicilios sociales y las direcciones de correo electrónico de los contratos se mantienen actualizados, porque cada plazo depende de que una notificación llegue a alguien que actúe en consecuencia.

Una sola ley de arbitraje, varios tribunales supremos

La judicatura federal y los tribunales de Dubái, Abu Dabi y Ras al Jaima tienen cada uno su propio tribunal supremo. Todos los tribunales deben seguir los principios de la Autoridad de Unificación de Principios Judiciales Federales y Locales (Ley Federal n.º 10 de 2019, artículo 18); fuera de ellos, no existe una regla general de precedente vinculante. La mayoría de las sentencias aquí reseñadas son de Dubái; cuando otros tribunales supremos abordan la misma cuestión, apuntan en la misma dirección, porque aplican la misma Ley Federal de Arbitraje. Una sentencia de la Asamblea General fija la posición de su tribunal: la sentencia de casación que se aparte de ella sin remitir el asunto a la Asamblea General puede ser revocada (Código de Procedimiento Civil, artículo 190(1)(c)).

Salvo en el caso de orden público, y en el fundamento añadido del caso del cheque según el cual los tribunales de Dubái no pueden renunciar a la competencia que les atribuye el Código de Procedimiento Civil, las cláusulas se perdieron o se conservaron por lo que hicieron las empresas: el orden de sus alegaciones, el foro que eligieron para cobrar, las palabras que firmaron y quién las firmó.

Este artículo describe las sentencias de los tribunales de los EAU y la legislación tal como se encontraban a 1 de noviembre de 2026. Es información general, no asesoramiento jurídico. Polaris no es un despacho de abogados; en los litigios trabajamos junto a abogados habilitados en los EAU.